Trabajar y no obtener ganancias. Esta es la situación en la que viven hoy día muchos agricultores y ganaderos que ven cómo sus productos no alcanzan en el mercado el precio suficiente para cubrir lo que a ellos les ha costado producirlos. Álvaro Olavarría, gerente de la cooperativa Oleoestepa, define en pocas palabras la situación económica del olivar andaluz: «
Para echarse a llorar».
Las cifras confirman la certeza de las quejas de los olivareros. El precio en origen del aceite de oliva está, según datos del Poolred, en una media de 1,80 euros/kilo, mientras que el coste de producción de ese mismo kilo de aceite es de 2,46 euros, según el Estudio de la Cadena de Valor del Aceite de Oliva del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Es decir, que hay un pérdida de casi 70 céntimo por kilo para los productores.
Según cifras de la Federación de Empresarias Cooperativas Agrarias de Andalucía (Faeca), el sector del aceite de oliva es el único cultivo vegetal donde bajó la renta de los agricultores en 2010, concretamente un 5,7% con respecto a 2009, a pesar de que el volumen y valor de la producción aumentaron en un 19,9% y un 12,8%, respectivamente. Asimismo, en 2009, la renta de los oleicultores se redujo un 15,2% frente a 2008. En definitiva, los datos hablan de cinco años acumulando pérdidas,lo que hace evidente que productores y cooperativas están en una situación límite.
Con estos costes y estos precios, es evidente que
los olivareros sobreviven ahora mismo sólo gracias a las ayudas que vienen de la UE, pero que no hay ninguna garantía de que se conserven tal cual a partir de 2013.
Álvaro Olavarría explica que lo que está ocurriendo ahora es que las ayudas de la UE que antes servían para sostener la renta de los agricultores, es decir, para garantizar una ganancia al productor, ahora están tapando los huecos económicos que deja el vender por debajo de coste.
El hecho de que en estas circustancias no se abandonen por completo los olivares, lo explica Olavarría con dos razones: por una parte, el hecho de que el 65 por ciento de las explotaciones de olivar en España son de menos de 5 hectáreas, lo que indica que son producciones que se utilizan como complemento de renta. «Se trabajan en fin de semana y en familia». Por otra parte —asegura— no hay una alternativa mejor que el olivar en muchas de nuestras tierras ya que no disponemos de gran cantidad de agua.
Vivir del olivar
En cualquier caso, Álvaro Olavarría tiene muy claro que quién tiene un auténtico problema es el llamado agricultor a título principal, es decir el que lleva una explotación de olivar de la que viven él y su familia, que tiene equipos que hay que amortizar, trabajadores, créditos y un largo etcétera. «Estos lo están pasando fatal», afirma.
La consecuencia de esta situación, según Olavarría, es que el agricultor está perdiendo confianza en su futuro y por tanto está dejando de crear riqueza, ya que, «¿quién se atreve a comprar maquinario, ni aperos, ni nada?»
Mientras los olivareros viven esta situación, el aceite de oliva como producto goza en contraste de una salud espléndida: el año pasado se batió el récord de exportación de aceite con más de 800.000 toneladas, y este año parece que va a ser aún mejor.
Ante esta paradoja, los olivareros insisten en pedir a Bruselas que active el mecanismo del almacenamiento privado previsto para frenar este tipo de alteraciones del mercado. El problema es que este mecanismo se desencadena a partir del momento en que el aceite pasa un determinado número de semanas a un precio inferior al estipulado y ese precio es bajísimo porque se fijó en la década de los 90 y no se ha actualizado.
Así, la realidad del aceite de oliva con sus costes actuales, choca con los precios límite establecidos para el desencadenamiento del almacenamiento privado de aceite: 1,779 euros/kilo, en el caso del virgen extra; 1,710 euros/kilo, el virgen, y 1,524 euros/kilo para el lampante.
Álvaro Olavarría considera muy importante que se actualicen estos precios y se active el mecanismo «porque con muy pocos recursos, unos 13 millones de euros de Bruselas se conseguiría un valor de 300 millones de euros para el aceite de España».
Ordenar la oferta
De hecho, tambien Faeca considera que «si bien esta crisis de precios de mercado sólo se solventará de manera estable mediante la ordenación de la oferta en grandes grupos de comercialización, se dan ahora las circunstancias necesarias para dar un vuelco radical a esta situación». Explican que la ajustada cosecha, el aumento del mercado y la subida de aceites de semillas hacen que una inmovilización de aceite de oliva tuviese una inmediata repercusión en el precio.
En este sentido, opinan que esta inmovilización debería hacerse con unas determinadas condiciones: la activación «debería lograrse de modo urgente y bajo la máxima confidencialidad, ya que, de lo contrario, el solo anuncio de la inmovilización provocaría una subida de precios que frenaría la medida, volviendo después a caer el precio cuando se viese que no se ponía en marcha».
En segundo lugar, «debería tener una duración de 9 meses, revisable a los 6 en función de los precios. Es decir, si a los 6 meses el precio es razonable podría desinmovilizar paulatinamente el aceite entre el sexto y el noveno mes. Si por contrario a los 6 meses el precio no se ha recuperado suficientemente, se debería mantener la inmovilización hasta los 9 meses».
También piden que "al objeto de simplificar el procedimiento", la inmovilización debería ser sin diferenciar calidades. Consideran que la cantidad mínima necesaria de inmovilización serían 50.000 toneladas. No obstante, y también «por el efecto psicológico de la medida, se debería hablar de una ampliación de otros 50.000 toneladas en función de la evolución del precio».
Fuente:www.abc.es
